La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la imposición de prácticas religiosas a «presos políticos» recluidos en la carcel Tocorón, donde -señaló- son «forzados a participar en actividades» evangélicas.
Advirtió que los considerados «presos políticos» que se encuentran en dicha prisión son «víctimas de adoctrinamiento religioso», lo que, aseguró, atenta contra «la libertad de pensamiento y de conciencia».
También señaló que, según denuncias de familiares de estos detenidos, «quienes se nieguen a participar corren el riesgo de ser castigados».
Según la ONG, el pasado 31 de diciembre, estos presos fueron «obligados a escuchar música cristiana durante horas sin interrupción», y «aquellos que expresaron su negativa a participar en estas actividades religiosas fueron amenazados con represalias», como «restricciones en visitas» o «aislamiento».
«No se puede obligar a nadie a adoptar una creencia bajo presión, menos aún cuando están en una situación de total vulnerabilidad. Es el colmo que el régimen no solo los mantenga detenidos en condiciones inhumanas, sino que ahora también pretende imponer una doctrina religiosa», expresó el director del OVP, Humberto Prado, citado en la nota.
Familiares piden «la intervención» de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), señaló la ONG, que se suma al llamado y exige a las autoridades nacionales garantizar la libertad de culto y cesar «cualquier práctica de coerción religiosa».
Iglesias difundirán «el mensaje» de Jesucristo en las cárceles
La semana pasada, Nicolás Maduro anunció que iglesias del país difundirán «el mensaje» de Jesucristo en las cárceles, con el objetivo de «construir el camino de la redención», como parte de un acuerdo entre representantes de centros religiosos y el Ministerio de Servicio Penitenciario, que también fue firmado por el líder chavista.
A esta medida se sumó la creación del Viceministerio de las Instituciones Religiosas y Cultos, que estará adscrito a la cartera de Interior y Justicia.
Sin embargo, según la Constitución, el Estado debe garantizar «la libertad de religión y de culto», por lo que «toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público».
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