El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), dio a conocer su reporte correspondiente a 2024, en el que registró que durante ese año se produjeron 383 casos que representaron 571 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios de comunicación, activistas por los derechos humanos e integrantes de la sociedad civil. Los hechos más graves fueron las detenciones arbitrarias de 14 trabajadores de la prensa, los 27 desplazamientos forzados internos e internacionales y dos desapariciones forzadas.
Asimismo, se documentaron agresiones físicas o verbales (151), ataques por discurso estigmatizante (96), restricciones en internet (86), restricciones de acceso a la información (59), restricciones administrativas (46), medidas de censura (42), actos de hostigamiento judicial (32), detenciones temporales (4), normas que restringen la libertad de expresión (3) y en nueve oportunidades se registró el indicador transversal de género.
Estos registros –reseña Ipys- muestran un aumento respectivo de 64,38% y 63,61% en comparación con los 233 casos y 349 violaciones documentados durante 2023, un año preelectoral que estuvo marcado por los mensajes estigmatizantes de altos funcionarios del gobierno, hechos de intimidación ejecutados por funcionarios de seguridad, así como de ciudadanos, y la falta de cobertura de la elección primaria del candidato de la oposición para los comicios de 2024.
La organización refiere que julio y agosto, con 143 y 74 casos respectivamente, fueron los meses con más ataques contra la prensa, con restricciones durante la campaña electoral y la cobertura de los comicios y, sobre todo, durante la cobertura de las protestas ciudadanas contra los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los demás casos se distribuyeron así: enero (18), febrero (15), marzo (23), abril (24), mayo (19), junio (26), septiembre (13), octubre (14), noviembre (8) y diciembre (6).
“La disminución de casos desde septiembre hasta diciembre no necesariamente obedece al cese de la represión y la censura, sino que puede deberse a la autocensura como mecanismo de defensa. Ante los atropellos documentados durante julio y agosto, los periodistas decidieron resguardarse, cesar su labor informativa o la cobertura de temas censurados para preservar su integridad física y libertad personal”, dijo Ipys en el reporte.
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