Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al exalcalde del municipio Sifontes del estado Bolívar, Carlos Chancellor, quien fue privado de libertad el pasado 6 de agosto de 2024 bajo el contexto poselectoral.
Este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), considera que Chancellor enfrenta una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo su vida, integridad personal y salud mientras permanece detenido, tal como lo destaca El Nacional.
En su Resolución 21/2025, emitida el 28 de febrero, la comisión destacó que Chancellor, de 65 años de edad, no ha recibido la atención médica necesaria pese a padecer enfermedades crónicas.
Tomó en cuenta su condición de adulto mayor y las circunstancias de su detención, y señaló que no ha tenido acceso a su abogado de confianza y que el defensor público asignado por el Estado no ha proporcionado información suficiente sobre su situación. Subrayó asimismo que el Estado venezolano no presentó respuesta.
El organismo solicitó a la administración de Nicolás Maduro adoptar las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario, padre del futbolista de la Vinotinto Jhon Chancellor, se ajusten a los estándares internacionales aplicables.
Esto es lo que exige la CIDH:
.- Realizar de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud y garantizar acceso a atención médica necesaria.
.- Facilitar el contacto con su abogado de confianza, dándole acceso al expediente penal que se tramita en contra del beneficiario.
.- Informar a la representación sobre las razones por las que el beneficiario continúa privado de libertad y las decisiones judiciales en torno a su situación jurídica.
.- Concertar las medidas por adoptarse con el beneficiario y sus representantes.
.- Informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
Las medidas cautelares concedidas, aclaró la CIDH, no implican un pronunciamiento sobre una posible violación de derechos humanos, pero buscan prevenir daños irreparables mientras se evalúa la situación del detenido.
Señaló asimismo que, como órgano de la OEA, tiene el mandato de velar por el respeto a los derechos humanos en la región y supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en los países miembros.
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