El abogado y experto en derecho económico, José Ignacio Hernández, compartió este sábado 1 de febrero a través de su cuenta en X una observación sobre la reciente extensión de la licencia general 41 que otorga a Chevron la posibilidad de seguir operando en Venezuela.
“Hoy, la licencia de Chevron se extendió automáticamente por seis meses”, informó Hernández, al señalar un hito significativo en la relación entre la petrolera estadounidense y el régimen chavista.
Hernández destacó el impacto de Chevron en la industria petrolera venezolana, mencionando que la petrolera “representa aproximadamente el 25% de la producción” en el país, revelando la importancia de la compañía en el panorama energético. Sin embargo, su comentario no se limitó a los aspectos económicos; también abordó cuestiones legales y éticas.
El abogado criticó la base legal de esta operación, afirmando que los contratos están regulados por la Ley Antibloqueo de 2020. Esta ley, según Hernández, “no salvaguarda derechos de propiedad ni promueve la transparencia”, lo que plantea preocupaciones sobre la protección de los intereses de las empresas que operan bajo esta legislación y la claridad en las transacciones petroleras.
La extensión de la licencia de Chevron, que permite a la compañía continuar sus operaciones en Venezuela, ocurre en un contexto de sanciones económicas y una economía nacional que depende en gran medida de los ingresos petroleros.
La Ley Antibloqueo, aprobada en 2020 por el chavismo, fue diseñada para atraer inversión extranjera ofreciendo protecciones contra las sanciones, sin embargo, las actividades de Chevron podrían aumentar la capacidad fiscal del régimen de Maduro para la corrupción.
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