Organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos condenaron los altos índices de represión y violencia en Venezuela, y exigieron a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos de los venezolanos, «elementos esenciales» en democracia.
Las entidades firman un comunicado en el que muestran su preocupación por las detenciones «arbitrarias» y la criminalización de la protesta, en un contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela marcado por la represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo «un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet«.
En ese sentido, les «alarma particularmente» el señalamiento del fiscal Tarek William Saab, a los detenidos con relación a la protesta, y el anuncio de que se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo, que les supondrán penas de cárcel.
«Hacemos un llamamiento a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza«, exhortan, y exigen a esas mismas autoridades a «desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral«.
Las organizaciones firmantes del comunicado son Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Comisión Internacional de Juristas, Freedom House, Global Centre for the Responsibility to Protect, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y Robert F. Kennedy Human Rights.
Todas ellas hacen un llamado al cese del uso de armas para reprimir la protesta, y recuerdan que «en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones«, y menos todavía cuando el uso de la fuerza por parte del Estado «sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial«.
En ese sentido, hacen un llamado a la investigación «de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida«, y piden a la comunidad internacional «exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela» y a «mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas«.
Miles de ciudadanos afines a la oposición venezolana han protestado desde el lunes en contra del resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio la victoria en los comicios presidenciales a Nicolás Maduro, un resultado que la oposición califica de «fraude» y que ha llevado a gran parte de la comunidad internacional a dudar del resultado y a exigir transparencia y la publicación de las actas de votación.
El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, manifestó este martes que el proceso «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerada como una elección democrática».
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