La ONG Súmate, dedicada a temas electorales, denunció este domingo retrasos en el inicio del juicio contra su coordinadora de Formación, Nélida Sánchez, acusada de cinco delitos, entre ellos terrorismo y traición a la patria.
A través de X, la ONG explicó que el pasado 6 de noviembre el juez Ángel Betancourt, titular del Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, ordenó el «pase a juicio» de Sánchez, pero dijo que hasta la fecha, la corte a cargo de la jueza Rosa Trompetero, «no ha indicado la fecha de inicio del mismo».
«Sus familiares consideran que esta irregularidad es una violación más al debido proceso como a sus otros derechos humanos», agregó Súmate.
Asimismo, indicó que la familia de Sánchez informó al fiscal general, Tarek William Saab, del «retardo procesal» a través de una carta recibida por la institución el pasado 17 de febrero.
El martes, la organización alertó sobre las «múltiples enfermedades» que, asegura, tiene Sánchez, quien permanece detenida en el Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Súmate pidió a la Justicia venezolana otorgar «medidas especiales de privación de libertad» para que Sánchez continúe con el tratamiento «adecuado y oportuno» para atender sus «crisis de hipertensión, trastornos de ansiedad, insomnio, infección urinaria y otros eventos traumáticos que amenazan su integridad física y mental».
Además, Súmate pidió que se declare nulo el proceso judicial contra su coordinadora, acusada de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir, a quien la ONG considera inocente.
La detención de Sánchez se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en el país tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, un periodo en el que la mayor coalición opositora, que denuncia «fraude» electoral, ha alertado sobre el aumento de la «persecución» y «represión» por parte del chavismo.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
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