El Gobierno de Nicolás Maduro confirmó este martes la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el territorio venezolano, que fue expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor, según el Ejecutivo.
A través de un comunicado, el Gobierno respondió a las declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien instó el lunes a Caracas a permitir que los 18 representantes expulsados entren a Venezuela para reactivar la oficina suspendida de labores, como se había prometido «previamente por escrito», y urgió al Ejecutivo a «cooperar de manera más tangible» con la fiscalía de la CPI.
En febrero, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la oficina técnica del Acnudh, establecida desde septiembre de 2019, al considerar que «instrumentalizaron» su trabajo en contra del Ejecutivo.
Sin embargo, dos meses después Maduro invitó a la oficina del Acnudh a que volviera a Venezuela y propuso superar «las diferencias», una vuelta que se concretó más de medio año después, según informa EFE.
Investigación
Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU anunció la apertura de una investigación sobre el fraude electoral masivo ocurrido en Venezuela el 28 de julio, solicitando que no se destruyan las actas de votación.
Un grupo de cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC, interpuso una solicitud de investigación a Venezuela ante el comité en octubre pasado donde acusa al Gobierno de Venezuela de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia.
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y uno de los abogados demandantes, mostró la notificación de apertura del caso. En el documento se plasman medidas provisorias mientras se determina si se avanza con la investigación.
«Se ha solicitado al Estado parte (Venezuela) que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación», destaca el documento.
Para los abogados de la consultora IHR Legal, la apertura del caso es un «avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela». Esperan que se concluya con una decisión «trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela».
Patrón de persecución
Destacaron que en su denuncia se esforzaron por señalar que el patrón de persecución se acrecentó en Venezuela antes, durante y después de las elecciones. «Es un patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados», afirmaron.
Y agregaron: «Se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025».
Enfatizaron en que «a pesar de que se impidió votar a 99% de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela».
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